Aprobada la normativa que regulan los pagos directos de la PAC
El FEGA controlará que las ayudas lleguen a los agricultores con una actividad mínima demostrable
El Consejo de
Ministros aprobó el pasado 19 de diciembre seis Reales Decretos con los que se
da vía libre a la entrada en vigor del nuevo régimen de pagos directos de la
Política Agraria Común (PAC) del periodo 2014-2020.
El Ministerio de
Agricultura reiteró que las nuevas ayudas de la PAC irán por regla general a
los agricultores activos con una actividad agraria mínima demostrable. Es
decir, aplicando la regla del 80/20, por la cual deberán tener al menos un 20%
de los ingresos de su actividad agraria, que sean diferentes a las ayudas PAC
que perciban.
En los casos
excepcionales de personas físicas o jurídicas que no cumplan con esta regla
general y soliciten ayudas PAC, aunque su actividad en la explotación se limite
a su mantenimiento, el FEGA llevará a cabo un sistema específico de control,
que analizará con minuciosidad si cumplen una serie de factores y no están
creando condiciones artificiales para el cobro, como ser el titular real de la
explotación, que asume el riesgo empresarial de la misma y que justifica una
actividad de producción o de mantenimiento.
Calendario
Tras publicarse el 20
de diciembre la normativa que regula los pagos directos de la nueva PAC en el
BOE, la ventanilla para solicitarlos se abrirá del 1 de marzo al 15 de mayo de
2015. Los agricultores y ganaderos conocerán la asignación de sus nuevos
derechos de pago directo y su importe en septiembre y empezarán a cobrarlos a
partir del 16 de octubre.
Los seis Reales Decretos regularán la aplicación, a
partir de 2015, de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros
regímenes de ayuda, así como la gestión de estos pagos y de los
correspondientes al Desarrollo Rural, con un presupuesto que asciende en
2014-2020 a unos 35.705 millones de euros.
Los pagos directos incluyen los pagos básicos, para
cuya aplicación se ha dividido la superficie agraria en 50 regiones
agronómicas, con un potencial agrario similar, en las que irán convergiendo
progresiva y limitadamente hasta 2020 los valores medios de ayuda por hectárea
de cada agricultor con los de referencia de su región.
Además, se regulan los pagos complementarios: el
pago por prácticas beneficiosas para el medio ambiente (“greening”) y el pago
para jóvenes agricultores, junto con las ayudas asociadas voluntarias a
sectores con dificultades especiales.
Junto a este RD se aprobó otro sobre la asignación
de los nuevos derechos de pago básico de la PAC, en base al número de hectáreas
admisibles a disposición de los agricultores, que se limitarán a los declarados
por cada agricultor en la campaña de 2013.
Este RD recoge los requisitos para poder
beneficiarse de la nueva asignación; regula una reserva nacional de derechos de
pago básico, que se concederán de forma prioritaria a jóvenes agricultores y
para atender otras situaciones específicas, y establece la aplicación de un
régimen simplificado a pequeños agricultores, cuyos importes de pagos directos
en la campaña 2015 no superen los 1.250 euros.
Un tercer RD establece las normas de la
condicionalidad que deben cumplir tanto los beneficiarios de los pagos
directos, como determinadas primas anuales de Desarrollo Rural y los pagos en
virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, junto con el
sistema de control administrativo y la aplicación de penalizaciones.
Un cuarto RD actualiza la normativa de
funcionamiento del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas
(Sigpac), como herramienta de obligada utilización en la gestión de ayudas
comunitarias, que incluye las novedades derivadas de la nueva regulación de la
PAC.
Un quinto RD regula el nuevo régimen de coordinación
entre las Administraciones implicadas en los Programas de Desarrollo Rural
(PDRs) 2014-2020, dotando de mayor peso a la autoridad de coordinación para
asegurar, sobre todo, la coherencia en la gestión de fondos Feader,
estableciendo, por ejemplo, un mecanismo de transferencia de estos fondos para
el caso de que exista riesgo de pérdida por no ejecución de los mismos en algún
programa aprobado, así como regulando la concesión de ayudas a los titulares de
explotaciones cuya base territorial se encuentre en dos o más CC.AA.
Por último, el Gobierno aprobó también un RD que
incluye nuevas medidas al Programa de apoyo al sector vitivinícola del periodo
2014-2018, dotado con algo más de 1.194 millones de euros.
